En resumen
- El Consejo de la Unión Europea ha añadido diez personas a la lista de sanciones relativa a la situación interna en Rusia, es decir, a la represión y a las violaciones de los derechos humanos en ese país. Son las entradas 99 a 108 de la sección de las personas físicas del anexo IV del Reglamento (UE) 2024/1485: seis jueces, dos fiscales, un funcionario de la Fiscalía General y otro de la Comisión Electoral Central. El motivo común es la exclusión del partido Yabloko de la carrera hacia la Duma Estatal, en septiembre de 2026, y los procesos incoados contra los dirigentes de ese partido.
- En Rumanía, los efectos se producen desde el 28 de septiembre de 2026, sin ley de transposición y sin decisión alguna de una autoridad rumana. Los fondos y los recursos económicos de los diez quedan inmovilizados, nadie puede ya ponerles dinero ni bienes a disposición, y se impide la entrada y el tránsito por el territorio del país. El reglamento trae la inmovilización, y la Decisión (PESC) 2026/2192, adoptada el mismo día, trae la prohibición de entrada.
- Es un régimen distinto del relativo a Ucrania, aunque ambos lleven el nombre de Rusia. Este se basa en el Reglamento (UE) 2024/1485 y se refiere a lo que ocurre dentro de Rusia. El relativo a la integridad territorial de Ucrania se basa en el Reglamento (UE) n.º 269/2014 y recibió, también el 28 de septiembre de 2026, diecisiete entidades y otras diez personas. Los efectos prácticos se parecen, las listas están separadas, así que una comprobación de cumplimiento se hace sobre todas, no sobre una.
Publicado: Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 2026/2193 de 28 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 28 de septiembre de 2026, es decir, el día de la publicación, conforme al artículo 2 del reglamento
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 28 de septiembre de 2026 dos actos que dicen lo mismo en dos instrumentos distintos y que añaden diez nombres a la lista de las sanciones por la represión interna en Rusia. El mecanismo es el que se utilizó cuatro días antes, en la inclusión en la lista de la que fue jefa de Russia Today France, pero el fundamento jurídico es otro y los afectados son esta vez jueces, fiscales y funcionarios. Los diez participaron, de una forma u otra, en la exclusión del partido Yabloko de las elecciones a la Duma Estatal de septiembre de 2026 o en los procesos penales incoados contra la dirección de ese partido, el único que se opuso abiertamente a la guerra que Rusia libra en Ucrania.
Los dos actos son el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2193 del Consejo, adoptado sobre la base del artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1485, y la Decisión (PESC) 2026/2192 del Consejo, adoptada sobre la base del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, que modifica la Decisión (PESC) 2024/1484. El reparto no es una formalidad. La decisión es el acto de política exterior y de seguridad común y es la que obliga a los Estados miembros a impedir la entrada o el tránsito de la persona por su territorio, mientras que el reglamento es el instrumento que hace la inmovilización de los fondos directamente aplicable en todos los Estados miembros, sin ninguna medida nacional. Hemos comparado palabra por palabra los anexos de los dos actos: son idénticos, incluida la columna con la fecha de inclusión en la lista, 28 de septiembre de 2026.
Cuál es en realidad este régimen. El Reglamento (UE) 2024/1485 y la Decisión (PESC) 2024/1484, ambos de 27 de mayo de 2024, se refieren a la situación en Rusia, es decir, a lo que sucede dentro del país: las violaciones graves de los derechos humanos, la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, las actividades que socavan gravemente la democracia o el Estado de Derecho en Rusia. Los criterios están escritos en el artículo 6, apartado 3, del reglamento y tienen tres letras: quién es responsable de tales hechos, quién les presta apoyo financiero, técnico o material y quién está asociado con unos o con otros. En ningún sitio se habla de Ucrania.
El otro régimen, el que el lector suele tener en mente cuando oye «sanciones contra Rusia», se basa en el Reglamento (UE) n.º 269/2014 y en la Decisión 2014/145/PESC, ambos de 17 de marzo de 2014, y se refiere a las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Los dos regímenes tienen criterios distintos, listas distintas, fundamentos distintos y ciclos de revisión distintos. La coincidencia que los hace fáciles de confundir es que el 28 de septiembre de 2026 el Consejo trabajó sobre los dos: al régimen de Ucrania le añadió diez personas y diecisiete entidades, por la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos, y al régimen de la situación interna, las diez personas de las que se habla aquí. Treinta y siete nombres en un solo día, en dos listas que no se mezclan.
Quiénes son los diez. Tres son jueces del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia: Vyacheslav Kirillov, que dictó el 10 de agosto de 2026 la sentencia por la que Yabloko quedó fuera de las elecciones, más Igor Zinchenko y Denis Tyutin, que formaron parte de la sala que la confirmó. Los otros dos de esa misma historia no son magistrados: Sergey Sakharov dirige la división de litigios electorales y representación judicial de la Comisión Electoral Central de Rusia y defendió ante el Tribunal Supremo la solicitud de prohibición, e Ilya Rusakov, funcionario de la Fiscalía General, participó en los mismos procedimientos.
Los otros cinco vienen de los procesos penales. Viktoria Malyamova, jueza del Tribunal de Pskov, condenó al político Lev Shlosberg a 11 años y un mes de prisión, y la fiscal Anna Goryachova había pedido 12 años y un mes. Elina Babayants, jueza del Tribunal de Primera Instancia Zamoskvoretsky de Moscú, condenó a Maxim Kruglov a siete años de reclusión y le prohibió el uso de internet durante tres años, después de que la fiscal adjunta Yulia Guznyaeva hubiera pedido ocho años. Elizaveta Truskalenko, jueza en San Petersburgo, multó a Nikolai Rybakov, presidente del partido, por publicar una fotografía con Alexei Navalny, y la resolución le impidió presentarse como candidato. Ninguno de los diez tiene relación alguna con Rumanía: todos son ciudadanos rusos, con cargos en Rusia, y el anexo no menciona ninguna dirección, ninguna sociedad ni ningún bien situado en territorio rumano.
Los efectos que produce
El primer efecto es la inmovilización, y se produce por sí sola. El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1485 inmoviliza todos los fondos y recursos económicos que pertenezcan a las personas de la lista del anexo IV, sean de su propiedad o estén en su posesión o bajo su control, y el apartado 2 prohíbe poner a disposición de esas personas, o en su beneficio, fondos o recursos económicos, directa o indirectamente. No hay ninguna decisión rumana intermedia ni periodo de gracia: el banco, el notario, el agente inmobiliario o la sociedad que fuera a hacer un pago tienen que detenerse desde el 28 de septiembre de 2026.
El segundo efecto se refiere a quién queda obligado por la prohibición, y aquí muchos se equivocan. El artículo 23 del reglamento fija su alcance: en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; a bordo de toda aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro; a cualquier persona física que sea nacional de un Estado miembro, se encuentre dentro o fuera de la Unión; a cualquier persona jurídica registrada o constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro; y a cualquier persona jurídica, en relación con cualquier actividad desarrollada en su totalidad o en parte en la Unión. Una empresa rumana no puede celebrar el contrato ni a través de su filial fuera de la Unión, y un ciudadano rumano no puede hacer el pago ni aunque trabaje en otro país.
El tercer efecto es la obligación de informar, y recae sobre todos, no solo sobre los bancos. El artículo 12, apartado 1, letra a), exige a cualquier persona física o jurídica que proporcione inmediatamente a la autoridad competente del Estado en el que tenga su residencia o su establecimiento toda información que facilite el cumplimiento del reglamento, incluidos los datos sobre las cuentas y los importes inmovilizados, y la letra b) exige la cooperación en la verificación de esa información. Para Rumanía, el sitio indicado en el anexo III del reglamento es el del Ministerio de Asuntos Exteriores. El mecanismo interno está escrito en la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 202/2008 sobre la aplicación de las sanciones internacionales: el art. 18 apdo. (1) obliga a las personas que informan de operaciones sospechosas conforme a la legislación sobre el blanqueo de capitales a aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente para determinar si entre sus clientes hay personas designadas, y el apdo. (2) dirige la comunicación inmediata a la Agencia Nacional de Administración Fiscal y a las autoridades de supervisión, entre ellas la Oficina Nacional de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Quien no entra en esas categorías queda con la obligación general de notificación del art. 7 apdo. (1) de esa misma ordenanza.
El cuarto efecto lo soportan las personas incluidas en la lista. El artículo 12, apartado 2, letra a), les exige notificar, en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de inclusión en la lista, los fondos y los recursos económicos que les pertenezcan o estén bajo su control y se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro, a la autoridad competente del Estado en el que estén situados. Calculado desde el 28 de septiembre de 2026, el plazo se cumple el 9 de noviembre de 2026. El apartado 3 dice con claridad qué ocurre si callan: el incumplimiento de la obligación se considera participación en la elusión de las medidas del artículo 6, es decir, entra en el mismo régimen que la vulneración directa.
El quinto efecto es la prohibición de entrada, y viene de la decisión, no del reglamento. El artículo 1, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2024/1484 exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para impedir la entrada o el tránsito por su territorio de las personas del anexo, es decir, también por los aeropuertos y los pasos fronterizos de Rumanía. La prohibición no es absoluta: el apartado 2 exime al Estado de la obligación de denegar la entrada a sus propios nacionales, y los apartados 3 y 4 prevén excepciones para las obligaciones de Derecho internacional del Estado que acoge a una organización internacional, una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Toda excepción se pone en conocimiento del Consejo.
El sexto efecto es el penal y es estrictamente rumano. Desde diciembre de 2025, la vulneración de una sanción europea ya no es entre nosotros solo una infracción administrativa. La Ley n.º 224/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial), Parte I, n.º 1164 de 16 de diciembre de 2025, introdujo en la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 202/2008 un capítulo de delitos que transpone la Directiva (UE) 2024/1226. El art. 271 apdo. (1) castiga con pena de prisión de 1 a 5 años y la privación de determinados derechos, entre otras conductas, la puesta a disposición de fondos o de recursos económicos a una persona designada, el incumplimiento de la obligación de inmovilización, el hecho de permitir la entrada o el tránsito por el territorio de Rumanía y la elusión mediante ocultación, y el apdo. (2) eleva la pena a 2-7 años si el valor implicado alcanza 100.000 euros en equivalente. Cuando el hecho no constituye delito, la multa administrativa llega hasta 100.000 lei.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Ha cambiado la longitud de la lista. Hasta el 28 de septiembre de 2026, la sección de las personas físicas del anexo IV se detenía en la entrada 98. El reglamento añade las entradas 99 a 108, de modo que la lista llega a 108 personas físicas, junto a las 7 personas jurídicas, entidades y organismos de la segunda sección, es decir, 115 posiciones en total. El régimen creado el 27 de mayo de 2024 ha llegado hasta aquí en 854 días.
No han cambiado los criterios. El texto del artículo 6, apartado 3, ha quedado tal como se escribió en 2024, y las diez entradas nuevas se apoyan en las dos primeras letras de ese apartado. Ocho de ellas terminan con la fórmula de la letra a), la responsabilidad por violaciones de los derechos humanos, por la represión de la oposición democrática y por actividades que socavan la democracia y el Estado de Derecho. Dos, las de Sakharov y Rusakov, terminan con la fórmula de la letra b), el apoyo material, porque el papel de ambos se detuvo en la defensa, en los procedimientos, de la solicitud de prohibición del partido. La distinción no está escrita expresamente en ningún sitio, solo se ve leyendo las diez exposiciones de motivos una al lado de la otra.
Se ha ampliado, en cambio, el tipo de hecho que el régimen alcanza. Cinco de las diez entradas, de la 99 a la 103, no tienen detrás ninguna condena: tienen detrás una resolución judicial y la defensa, ante el tribunal, de la solicitud por la que un partido quedó fuera de la papeleta de voto. El Consejo trata, pues, la exclusión electoral como una forma de represión de la oposición democrática, sobre un criterio que no se ha modificado sobre el papel.
Para el ciudadano corriente de Rumanía no ha cambiado nada en la vida diaria. Para quien tiene obligaciones de cumplimiento normativo, ha cambiado el contenido de la lista de comprobación, y eso desde el mismo día de la publicación.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- La medida es operativa de inmediato, sin intermediación nacional. El reglamento se aplica directamente desde el día de la publicación, de modo que no existe una ventana en la que los fondos puedan moverse mientras los Estados redactan actos de transposición.
- Los anexos de los dos actos coinciden. Hemos comparado los anexos palabra por palabra: la única diferencia es el punto del final de la última celda. No se da la situación, conocida en otros regímenes, en la que una persona figura en un acto y falta en el otro.
- Las exposiciones de motivos son concretas y están fechadas. Cada entrada nombra el tribunal, el asunto, el hecho y, allí donde existe, la condena, con día y mes. Un acto que dice «dictó el 10 de agosto de 2026 la sentencia por la que» da a la persona incluida algo que impugnar y facilita al Consejo su defensa ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
- El régimen alcanza a toda la cadena, no solo a su cúspide. Están incluidos por igual los jueces que resolvieron, los fiscales que pidieron las penas y los funcionarios que defendieron la solicitud, lo que cierra el resquicio por el que la responsabilidad se reparte hasta desaparecer.
- El operador de buena fe está protegido. El artículo 14 excluye la responsabilidad de quien inmoviliza fondos creyendo que cumple el reglamento, salvo negligencia, y el artículo 15 bloquea las demandas de la persona incluida relacionadas con los contratos afectados por la sanción.
Lo que sigue siendo un problema
- Los datos de identificación son escasos para un efecto tan grave. Ninguna de las diez entradas contiene número de pasaporte, número de identificación ni domicilio, y el lugar de nacimiento aparece solo en dos de ellas. Un banco rumano comprueba un nombre ruso transliterado, una fecha de nacimiento y un cargo, mientras que el incumplimiento de la obligación de inmovilización ha pasado a ser, desde diciembre de 2025, un delito castigado con prisión.
- Los nombres aparecen en transcripción latina y cirílica, pero no en la transcripción que utilizan los sistemas rumanos. La misma persona puede acabar registrada como Goryachova, Goriaciova o Goreaciova, y la coincidencia automática de cadenas se hace con la forma del acto, no con las variantes.
- La medida llega después del hecho. La sentencia que dejó a Yabloko fuera de las elecciones es de 10 de agosto de 2026, las elecciones se celebraron en septiembre de 2026 y la sanción se adoptó el 28 de septiembre de 2026, 49 días después de la sentencia y una vez cerrada la votación. El efecto disuasorio para ese escrutinio era ya imposible.
- Los plazos son asimétricos. La persona incluida tiene seis semanas para declarar los fondos, es decir, 42 días, mientras que el Consejo se impone revisar la lista «al menos cada 12 meses», es decir, casi nueve veces menos a menudo que el plazo que da al destinatario.
- El acto no indica la letra del artículo 6, apartado 3, en la que se apoya cada inclusión. El lector la deduce de la fórmula final de la exposición de motivos, comparándola con el texto del reglamento de base, lo que supone que tenga a mano un acto de 2024 que el reglamento nuevo no reproduce.
Consejos prácticos
- Si tiene obligaciones de cumplimiento normativo, actualice la lista de comprobación con las entradas 99 a 108 el mismo día de la publicación, no en la siguiente revisión periódica. El reglamento se aplica desde el 28 de septiembre de 2026 y no prevé ningún periodo de gracia para los sistemas informáticos.
- No confunda los dos regímenes. Si su filtro está construido sobre el Reglamento (UE) n.º 269/2014, el relativo a Ucrania, estos diez nombres no aparecen allí. Compruebe en la lista consolidada de las sanciones financieras de la Unión, que los reúne todos, y no en el texto de un solo acto.
- Compruebe también las personas jurídicas controladas. El artículo 6, apartado 1, inmoviliza igualmente los fondos poseídos o controlados por la persona incluida, de modo que una sociedad en la que esta tenga el control queda sujeta a la medida aunque ella misma no figure en la lista.
- No pague tampoco a través de terceros. La prohibición del artículo 6, apartado 2, cubre la puesta a disposición indirecta y en beneficio de la persona, y el artículo 13, apartado 1, prohíbe participar con conocimiento de causa en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión de las medidas.
- Si encuentra fondos o recursos sujetos a la medida, informe inmediatamente a la Agencia Nacional de Administración Fiscal y a la autoridad que le supervisa, con los datos sobre personas, contratos y cuentas, tal como exige el art. 18 apdo. (2) de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 202/2008. La obligación de notificación del art. 7 apdo. (1) de esa misma ordenanza incumbe a cualquiera que posea datos sobre una persona designada.
- Para las liberaciones, pida autorización y no interprete por su cuenta. El artículo 7, apartado 1, del reglamento permite a las autoridades competentes liberar fondos para las necesidades básicas de la persona y de los familiares a su cargo, para honorarios de servicios jurídicos, para las comisiones de administración de las cuentas inmovilizadas y para gastos extraordinarios, pero solo con autorización previa.
- Si se considera incluido indebidamente, tiene dos vías, y corren en paralelo. El artículo 17, apartados 2 y 3, le da derecho a presentar observaciones al Consejo, que revisa la inclusión si aparecen pruebas sustanciales nuevas. Por separado, el recurso de anulación se interpone ante el Tribunal General de la Unión Europea, en el plazo de dos meses desde la comunicación o desde la publicación, al que se añade el plazo por razón de la distancia de diez días.
Preguntas frecuentes
¿Qué distingue a este régimen de las sanciones por Ucrania?
¿Por qué hay dos actos para los mismos diez nombres?
¿Tiene Rumanía que adoptar algo para que la medida se aplique?
¿Qué tiene que hacer una empresa de Rumanía?
¿Alguna de las personas incluidas tiene relación con Rumanía?
¿Qué riesgo corre quien no cumple la medida?
¿Cuánto tiempo permanecen en la lista?
¿Se puede impugnar una inclusión en la lista?
Análisis de la redacción
El acto está escrito con limpieza y, en el fondo, tiene la mejor calidad que puede tener una inclusión en una lista: cada entrada dice quién, cuándo y qué hizo exactamente, con tribunal, fecha y condena. Se apoya en actuaciones procesales identificables, no en apreciaciones generales sobre un régimen político, y algunas de ellas tienen además un correlato público, la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 19 de agosto de 2026, invocada en el considerando 2. Entre esa declaración y la inclusión pasaron 40 días y, para una medida que pasa primero por una decisión de política exterior adoptada por unanimidad de los veintisiete Estados miembros, la velocidad es notable.
La observación que no se ve leyendo el acto de principio a fin sale del fundamento que el propio acto invoca. El reglamento de ejecución se adopta, dice su propio preámbulo, sobre la base del artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1485. Hemos abierto ese artículo. Dice que, cuando el Consejo decida aplicar a una persona «las medidas contempladas en el artículo 2», modificará el anexo IV en consecuencia. Solo que el artículo 2 de ese reglamento no tiene nada que ver con las personas incluidas: prohíbe la venta y la exportación a Rusia de equipos que puedan utilizarse con fines de represión interna. La inmovilización de los fondos y la lista del anexo IV están en el artículo 6. Hemos comprobado las versiones rumana, inglesa y francesa del Reglamento (UE) 2024/1485: las tres dicen artículo 2, así que no es un error de traducción, sino una remisión equivocada heredada de la Decisión (PESC) 2024/1484, donde la inmovilización sí está en el artículo 2. La consecuencia práctica es nula, porque el resto del artículo 17 habla expresamente del anexo IV, pero el fundamento en el que se apoyan todas las inclusiones de este régimen remite, literalmente, a un artículo distinto del que produce su efecto.
La segunda observación sale de comparar los plazos que el acto pone a un lado y a otro. La persona incluida en la lista tiene seis semanas, es decir, 42 días, para declarar los fondos que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro, y si no lo hace, el artículo 12, apartado 3, equipara el silencio a la participación en la elusión de las medidas. Calculado desde el 28 de septiembre de 2026, el plazo se cumple el 9 de noviembre de 2026. Del otro lado, el Consejo se impone revisar la lista «al menos cada 12 meses», es decir, 8,7 veces menos a menudo. Esta proporción no es una observación de estilo: la revisión es el único mecanismo por el que una inclusión equivocada se corrige de oficio, y quien soporta la medida tiene ocho veces menos tiempo para cumplirla del que tiene la administración para comprobar su propia decisión.
La tercera observación tiene que ver con el calendario y explica por qué este acto tiene más valor de precedente que de medida. La sentencia del Tribunal Supremo que dejó a Yabloko fuera de la carrera es de 10 de agosto de 2026, las elecciones a la Duma Estatal se celebraron en septiembre de 2026 y la sanción llegó el 28 de septiembre de 2026, es decir, después de que el resultado fuera definitivo. Lo que se obtiene así no es impedir el hecho, sino desplazar la responsabilidad hacia las personas y no hacia las instituciones: un juez del Tribunal Supremo y una fiscal de 28 años se enteran de que su firma les cierra las cuentas y las fronteras europeas durante al menos un año. Es la única forma de disuasión que un régimen así puede producir, pero hay que llamarla por su nombre.
Qué debería cambiar
- La remisión del artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1485 debería enmendarse mediante una corrección de errores, del artículo 2 al artículo 6. En la práctica, ahorraría a cualquier defensor y a cualquier juez de la Unión un argumento de forma sobre un fundamento que, leído literalmente, no cubre la inmovilización, y haría inútil la discusión en cualquiera de las veinticuatro versiones lingüísticas.
- Cada entrada debería indicar la letra del artículo 6, apartado 3, en la que se apoya. Acortaría las impugnaciones y las comprobaciones de cumplimiento: quien lee la entrada vería directamente el criterio aplicado, en lugar de comparar la fórmula final de la exposición de motivos con el texto de un reglamento de 2024 que el acto nuevo no reproduce.
- El anexo debería contener al menos un elemento de identificación verificable en un registro, allí donde exista. Un número de pasaporte, un número de identificación fiscal o el lugar de nacimiento convierten una coincidencia de nombres en una identificación. En un Estado miembro donde la falta de inmovilización es un delito castigado con prisión, la diferencia entre un nombre transliterado y un identificador decide si un operador puede actuar sin riesgo.
- El plazo de seis semanas debería correr desde la comunicación, no desde la inclusión en la lista. Cuando el anexo no contiene el domicilio de la persona, y aquí no lo contiene en ninguna de las diez entradas, la comunicación se hace mediante un aviso, de modo que el día en que la persona se entera efectivamente no coincide con aquel desde el que se le cuenta el plazo. Como su incumplimiento se equipara a la elusión, una obligación que puede expirar antes de ser conocida es difícil de sostener.
- El Consejo debería publicar, junto con cada inclusión, la posición que esta ocupa en la lista consolidada de las sanciones financieras. Un operador de Rumanía recibe un acto que dice «se añaden las entradas siguientes» y tiene que deducir él solo, a partir de la numeración, que la lista ha llegado a 108 personas físicas, junto a las 7 entidades. Una línea con el total, en el propio acto de inclusión, ahorraría ese paso a cada banco, notario y asegurador que actualiza sus filtros ese mismo día.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
EMITENT: Consiliul Uniunii Europene Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2026/2193 din 28 septembrie 2026 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) 2024/1485 al Consiliului din 27 mai 2024 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Rusia 1, în special articolul 17 alineatul (1), având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întrucât: (1) La 27 mai 2024, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2024/1485. (2) La 19 august 2026, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a emis o declarație în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la excluderea partidului politic Iabloko de la alegerile parlamentare din septembrie 2026 din Rusia și la condamnarea vicepreședintelui acestuia, Lev Șlosberg, la peste 11 ani de închisoare din cauza discursului împotriva războiului. Înaltul Comisar a solicitat autorităților să respecte libertatea de exprimare și drepturile cetățenilor de a participa pe deplin și în mod liber la procesele electorale. (3) Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că 10 persoane fizice ar trebui să fie adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/1485. (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2024/1485 ar trebui să fie modificat în consecință, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1
Anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/1485 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2026. Pentru Consiliu
Președintele
M. HEYDON 1 JO L, 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj.
ANEXĂ
În anexa IV la Regulamentul (UE) 2024/1485, se adaugă următoarele rubrici în tabelul cu titlul „A. Persoane fizice”: Vyacheslav Sergeevich KIRILLOV (Вячеслав Сергеевич КИРИЛЛОВ) Funcție: judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse Data nașterii: 22.6.1966 Cetățenie: rusă Sexul: masculin Vyacheslav Kirillov este judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse. La 10 august 2026, acesta a pronunțat o hotărâre prin care a interzis partidului politic Iabloko să participe la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026 din cauza unor presupuse încălcări ale drepturilor de autor, acte de extremism și alte abateri. Iabloko a fost singurul partid politic care s-a opus în mod deschis războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. La 9 aprilie 2026, s-a pronunțat în cauza privind organizația pentru drepturile omului Memorial, desemnând-o drept o organizație extremistă și interzicându-i să desfășoare activități în Rusia. Prin urmare, este răspunzător pentru reprimarea opoziției democratice și acțiunile sale subminează grav democrația și statul de drept în Rusia. Igor Nikolayevich ZINCHENKO (Игорь Николаевич ЗИНЧЕНКО) Funcție: judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse, vicepreședinte al Camerei de Recurs a Curții Supreme a Federației Ruse Data nașterii: 25.3.1971 Locul nașterii: Shadrino, districtul Kozulsky, Krasnoyarsk Krai, fosta URSS, în prezent Federația Rusă Cetățenie: rusă Sexul: masculin Igor Zinchenko este judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse. A făcut parte din completul de judecată care a confirmat decizia prin care s-a interzis partidului politic Iabloko să participe la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026 din cauza unor presupuse încălcări ale drepturilor de autor, acte de extremism, activități de sprijin pentru mișcarea LGBT și alte abateri. Iabloko a fost singurul partid politic care s-a opus în mod deschis războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător pentru reprimarea opoziției democratice și activitățile sale subminează grav democrația și statul de drept în Rusia. Denis Vladimirovich TYUTIN (Денис Владимирович ТЮТИН) Funcție: judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse Data nașterii: 25.4.1971 Locul nașterii: Gorky (în prezent Nijni Novgorod), fosta URSS, în prezent Federația Rusă Cetățenie: rusă Sexul: masculin Denis Tyutin este judecător la Curtea Supremă a Federației Ruse. A făcut parte din completul de judecată care a confirmat decizia prin care s-a interzis partidului politic Iabloko să participe la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026 din cauza unor presupuse încălcări ale drepturilor de autor, acte de extremism, activități de sprijin pentru mișcarea LGBT și alte abateri. Iabloko a fost singurul partid politic care s-a opus în mod deschis războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător pentru reprimarea opoziției democratice și activitățile sale subminează grav democrația și statul de drept în Rusia. Sergey Fyodorovich SAKHAROV (Сергей Фёдорович САХАРОВ) Funcție: șef al diviziei Litigii Electorale și Reprezentare Judiciară din cadrul Departamentului juridic al Comisiei Electorale Centrale din Rusia Data nașterii: 15.11.1987 Cetățenie: rusă Sexul: masculin Sergey Sakharov este șeful diviziei Litigii Electorale și Reprezentare Judiciară din cadrul Departamentului juridic al Comisiei Electorale Centrale din Rusia. În această calitate, a luat parte la procedurile introduse în fața Curții Supreme a Federației Ruse care vizau împiedicarea partidului politic Iabloko să participe la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026. A susținut în mod deschis cererea partidului Rodina care a vizat interzicerea partidului Iabloko pe baza unor presupuse încălcări ale drepturilor de autor, acte de extremism, activități de sprijin pentru mișcarea LGBT și alte abateri. Iabloko a fost singurul partid politic care s-a opus în mod deschis războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, el furnizează sprijin material pentru reprimarea opoziției democratice și pentru activități care subminează grav democrația și statul de drept în Rusia, inclusiv prin oferirea de asistență pentru astfel de acte și prin facilitarea sau încurajarea lor. Ilya Vladimirovich RUSAKOV (Илья Владимирович РУСАКОВ) Funcție: funcționar în cadrul Parchetului General al Federației Ruse Data nașterii: 15.8.1986 Cetățenie: rusă Sexul: masculin Ilya Rusakov este funcționar în cadrul Parchetului General al Federației Ruse. În această calitate, a luat parte la procedurile introduse în fața Curții Supreme a Federației Ruse care vizau împiedicarea partidului politic Iabloko să participe la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026. A susținut în mod deschis cererea partidului Rodina care a vizat interzicerea partidului Iabloko pe baza unor presupuse încălcări ale drepturilor de autor, acte de extremism, activități de sprijin pentru mișcarea LGBT și alte abateri. Iabloko a fost singurul partid politic care s-a opus în mod deschis războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, el furnizează sprijin material pentru reprimarea opoziției democratice și pentru activități care subminează grav democrația și statul de drept în Rusia, inclusiv prin oferirea de asistență pentru astfel de acte și prin facilitarea sau încurajarea lor. Viktoria Mikhailovna MALYAMOVA (Виктория Михайловна МАЛЯМОВА) Funcție: judecător la Tribunalul din Pskov Data nașterii: 1.3.1973 Cetățenie: rusă Sexul: feminin Viktoria Malyamova este judecător la Tribunalul din Pskov. L-a condamnat pe Lev Shlosberg, un politician din opoziție, membru al partidului politic Iabloko, la 11 ani și o lună de închisoare pentru discreditarea armatei ruse și difuzarea de «știri false» cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva acestora și pentru reprimarea opoziției democratice, iar activitățile sale subminează în mod grav democrația și statul de drept în Rusia. Anna Sergeevna GORYACHOVA (Анна Сергеевна ГОРЯЧЕВА) Funcție: procuror Data nașterii: 9.4.1998 Cetățenie: rusă Sexul: feminin Anna Goryachova este procuror. Ea a solicitat o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani și o lună pentru Lev Shlosberg, un politician din opoziție, membru al partidului politic Iabloko, pentru discreditarea armatei ruse și difuzarea de «știri false» cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Shlosberg a fost ulterior condamnat la 11 ani și o lună de închisoare. Înainte de respectivul proces, Anna Goryachova l-a urmărit penal pe Lev Shlosberg într-o cauză referitoare la încălcarea legislației privind «agenții străini», solicitând în contextul acelei cauze, 440 de ore de muncă obligatorie. Instanța l-a condamnat pe Shlosberg la 420 de ore de muncă obligatorie. Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora și pentru reprimarea opoziției democratice, iar activitățile sale subminează în mod grav democrația și statul de drept în Rusia. Yulia Igorevna GUZNYAEVA (Юлия Игоревна ГУЗНЯЕВА) Funcție: procuror asistent în cadrul Districtului administrativ central al Moscovei Data nașterii: 30.5.1996 Cetățenie: rusă Sexul: feminin Yulia Guznyaeva este procuror asistent în cadrul Districtului administrativ central al Moscovei. A fost procuror în procesul lui Maxim Kruglov, unul dintre liderii partidului politic Iabloko. A solicitat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani pentru postările lui Kruglov de pe platformele de comunicare socială referitoare la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, mai ales la crimele de război comise la Bucea și Mariupol. Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora și pentru reprimarea opoziției democratice, iar activitățile sale subminează în mod grav democrația și statul de drept în Rusia. Elina Arturovna BABAYANTS (Элина Артуровна БАБАЯНЦ) Funcție: judecător la Judecătoria Zamoskvoretsky, Moscova Data nașterii: 25.7.1995 Cetățenie: rusă Sexul: feminin Elina Babayants este judecător la Judecătoria Zamoskvoretsky din Moscova. A fost judecător în procesul lui Maxim Kruglov, unul dintre liderii partidului politic Iabloko. L-a condamnat pe Kruglov la șapte ani de detenție într-o colonie penitenciară și i-a interzis să utilizeze internetul timp de trei ani pentru postările sale de pe platformele de comunicare socială referitoare la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, mai ales la crimele de război comise la Bucea și Mariupol. Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora și pentru reprimarea opoziției democratice, iar activitățile sale subminează în mod grav democrația și statul de drept în Rusia. Elizaveta Sergeevna TRUSKALENKO (Елизавета Сергеевна ТРУСКАЛЕНКО) Funcție: judecător la Judecătoria Vyborsky din Sankt Petersburg Data nașterii: 18.10.1984 Cetățenie: rusă Sexul: feminin Elizaveta Truskalenko este judecător la Tribunalul districtului Vyborsky din Sankt Petersburg. A fost judecător în procesul lui Nikolai Rîbakov, președintele partidului politic Iabloko. L-a declarat pe Rîbakov vinovat și l-a condamnat la plata unei amenzi pentru postarea unei fotografii cu liderul decedat al opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi. Hotărârea l-a împiedicat efectiv pe Rîbakov să candideze la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie 2026. Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora și pentru reprimarea opoziției democratice, iar activitățile sale subminează în mod grav democrația și statul de drept în Rusia.Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/2193 AL CONSILIULUI din 28 septembrie 2026 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/1485 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Rusia
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