El Tribunal Constitucional avala la ley de prosumidores: la compensación se mantiene, pero solo hasta 200 kW

La ley que permite a los propietarios de paneles solares pagar su factura del gas con la electricidad que vierten a la red ha superado por muy poco un bloqueo constitucional. El Tribunal ha resuelto que el Parlamento no rebasó los límites del reexamen, de modo que el texto pudo ser promulgado. La Decisión n.º 391 de 29 de abril de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 594 de 21 de julio de 2026, desestima por infundado el recurso previo de inconstitucionalidad presentado por el Presidente de Rumanía. Dos días más tarde, el texto validado apareció en el Boletín Oficial de Rumanía como Ley n.º 160/2026, que vincula el excedente de electricidad a la factura del gas.

La historia de esta ley se ha prolongado casi tres años. La versión inicial se remitió para su promulgación el 25 de noviembre de 2023 y elevaba a 900 kW el umbral de potencia instalada hasta el cual los prosumidores quedan exentos de responsabilidad por los desequilibrios de la red. El 12 de diciembre de 2023, el Presidente formuló una solicitud de reexamen invocando, sobre todo, el Reglamento (UE) 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad, que fija ese límite en 400 kW y lo rebaja a 200 kW para las instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2026.

El Parlamento reabrió el debate, renunció al umbral de 900 kW y recalibró en cadena los demás umbrales de la ley. Precisamente esas correlaciones se convirtieron en el objeto del recurso: el Presidente sostuvo que, al modificar preceptos que no había criticado, el Parlamento se salió de los límites del reexamen previstos en el art. 77 apdo. (2) de la Constitución y actuó sin lealtad constitucional, ya que el instrumento de la solicitud de reexamen ya se había agotado.

Los efectos que produce

El primer efecto es que la ley ha podido ser promulgada y publicada. Una decisión estimatoria habría devuelto el texto al Parlamento para adecuarlo a la Constitución, y el mecanismo por el que el excedente de energía cancela la factura del gas habría quedado en suspenso durante otro ciclo legislativo.

El segundo efecto afecta directamente al bolsillo de los prosumidores. Se mantiene en pie la escala de tres tramos descrita por el Tribunal en su fundamentación: los prosumidores con una potencia instalada de entre 0 y 200 kW por punto de consumo se benefician de la compensación cuantitativa, esto es, la energía entregada a la red se descuenta de la consumida; quienes tienen entre 200 y 400 kW de potencia instalada reciben una liquidación financiera al precio medio ponderado del mercado diario; por encima de 400 kW se entra en el régimen ordinario, con responsabilidad por el balance.

La escala de potencias instaladas no es el único lugar donde se decide cuánto paga un pequeño productor por la red. Desde el 25 de septiembre de 2026, una comunidad de energía puede pedir a la ANRE un análisis de los costes y los beneficios que puede llevar a una tarifa de distribución reducida, sobre la cantidad consumida dentro de la comunidad.

El tercer efecto es el más tangible para los hogares. Las personas físicas con instalaciones de hasta 27 kW por punto de consumo pueden optar, por un periodo contractual de al menos 12 meses, por que los importes resultantes de la compensación cuantitativa cubran o bien todos los contratos de suministro eléctrico de sus puntos de consumo con el mismo suministrador, o bien los contratos de suministro de gas natural celebrados con ese suministrador. El Tribunal señaló que esta opción se introdujo precisamente porque la ley no ofrecía garantías reales de que los suministradores abonaran mensualmente el excedente vertido a la red, dentro del plazo de 24 meses previsto inicialmente.

El cuarto efecto pertenece al derecho constitucional y va más allá del sector energético. El Tribunal ha confirmado, una vez más, que una solicitud de reexamen estimada en parte obliga al Parlamento a correlacionar el resto del articulado. Esas correlaciones no suponen rebasar los límites del reexamen, sino que son una condición de la coherencia de la ley.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Frente a la versión remitida para su promulgación en 2023, la ley validada por el Tribunal es distinta en los puntos que pesaban en lo económico. El umbral de 900 kW, hasta el cual los prosumidores no respondían por los desequilibrios generados en la red, ha desaparecido, y la regla ha vuelto a los 400 kW, la cifra del reglamento europeo. También ha desaparecido la exención de la obligación de facturación para los prosumidores de hasta 900 kW, lo que anuló asimismo la modificación del Código Fiscal: la exención se mantiene, como hasta ahora, en 27 kW por punto de consumo.

La compensación cuantitativa, el mecanismo más favorable, se ha reducido de 400 kW a 200 kW por punto de consumo. A cambio, el tramo de 200 a 400 kW ha recibido un régimen propio, el de liquidación financiera, que antes no se distinguía de forma expresa. También es nuevo el derecho de opción de las personas físicas por debajo de 27 kW entre pagar la electricidad y pagar el gas con el mismo importe.

Ha cambiado igualmente la formulación sobre quiénes quedan sujetos a estas reglas. La expresión «autoridades públicas locales» se ha sustituido por «autoridades e instituciones públicas». El Presidente vio en ello una ampliación del ámbito de aplicación. El Tribunal respondió que se trata de una aclaración: la condición de prosumidor puede ser adquirida por cualquier cliente final, y la categoría de las personas jurídicas ya comprendía tanto a las autoridades locales como a las centrales. El texto anterior solo creaba la apariencia de una distinción que no existía.

Merece retenerse un detalle del final de la decisión. La solución se adoptó por mayoría de votos, no por unanimidad. El argumento relativo al exceso de los límites del reexamen no convenció, por tanto, al pleno de nueve magistrados en su totalidad.

Ventajas y desventajas

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