El incremento del 15% por la complejidad del trabajo no se concede para 2017 ni para 2018. El Tribunal Constitucional desestima el último procedimiento del sindicato

Una oleada de pleitos iniciada en 2020 por un sindicato de empleados públicos se ha cerrado sin ganancia: el Tribunal Constitucional ha resuelto que el incremento del 15% por la complejidad del trabajo no puede reclamarse para 2017 ni para 2018. La Decisión n.º 732, de 9 de diciembre de 2025, ha aparecido en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 776 de 14 de septiembre de 2026 y continúa la línea que el Tribunal mantiene desde hace años en materia de retribución pública, la misma de la que forma parte la resolución en la que estableció que los complementos no entran bajo el principio de «a igual trabajo, igual salario». En resumen, lo que alguien ha obtenido mediante una resolución judicial no se convierte automáticamente en derecho para todos sus compañeros de la misma categoría.

Lo que está en juego es una sola frase del anexo n.º VIII de la Ley marco n.º 153/2017, el anexo que cubre la familia ocupacional de puestos públicos «Administración». La nota 2 dice allí que los funcionarios públicos de los servicios públicos desconcentrados de las instituciones dependientes, coordinadas o bajo la autoridad de los ministerios de Medio Ambiente, Sanidad, Educación y Trabajo reciben, por la complejidad del trabajo, un incremento del salario base del 15%. La ley empezó a aplicarse el 1 de julio de 2017 y la gente reclamó el dinero desde esa fecha.

No lo cobró. El motivo está en el art. 38 de esa misma ley, el artículo que dice que el texto se aplica de forma escalonada. El apartado (2) letra a) congeló los salarios en el nivel de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. El apartado (3) letra a) subió todo el paquete un 25% desde el 1 de enero de 2018. El apartado (4) repartió el camino hasta los salarios escritos en la ley para 2022 en cuatro pasos anuales, una cuarta parte de la diferencia cada año, de 2019 a 2022. En un esquema así, un derecho nuevo no se paga aparte, sino que se funde en la subida general.

Eso es exactamente lo que estableció el Alto Tribunal de Casación y Justicia con la Decisión n.º 82, de 26 de noviembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 130 de 19 de febrero de 2019. La Sala para la Resolución de Cuestiones de Derecho fue requerida por el Tribunal de Apelación de Iași y dijo tres cosas: el incremento del 15% no se concede para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 ni para el año 2018; para 2019-2022 se concede en las condiciones del art. 38 apdo. (4); por excepción, se concede desde enero de 2018 o desde la fecha en que los salarios pasan a ser mayores que los fijados para el año 2022. Conforme al art. 521 apdo. (3) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esa resolución pasó a ser vinculante para todos los órganos judiciales el día de su publicación, es decir, desde el 19 de febrero de 2019.

El sindicato atacó justamente esa lectura. Su argumento, recogido en los apartados 5 a 9 de la decisión, era que la interpretación del Alto Tribunal contradice la Decisión del Tribunal Constitucional n.º 794, de 15 de diciembre de 2016, y produce discriminación: quien ha obtenido una resolución judicial acaba con el salario más alto que el compañero que hace el mismo trabajo, en las mismas condiciones, pero no ha pleiteado. Se invocaron el art. 1, el art. 16 apdos. (1) y (2), el art. 126 apdo. (3) y el art. 147 de la Constitución.

El Tribunal respondió en pocas líneas, en los apartados 17 y 18. Señaló que con la Decisión n.º 175, de 21 de marzo de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 721 de 24 de julio de 2024, ya había declarado que el art. 38 apdos. (1), (4) y (6) no establece ninguna diferencia entre personas de la misma categoría socioprofesional en cuanto a la forma de conceder ese complemento, y que la resolución del tribunal supremo no lleva a una aplicación diferenciada entre personas que se hallan en la misma situación jurídica. Como no han aparecido elementos nuevos, los fundamentos y el fallo de 2024 siguen siendo válidos. El representante del Ministerio Fiscal también había pedido la desestimación, invocando la Decisión del Tribunal Constitucional n.º 40, de 30 de enero de 2025.

Los efectos que produce

La decisión es firme y de obligado cumplimiento general. Conforme al art. 147 apdo. (4) de la Constitución, las decisiones del Tribunal pasan a ser de obligado cumplimiento general desde la fecha de su publicación y tienen fuerza solo hacia el futuro, de modo que los efectos corren desde el 14 de septiembre de 2026.

La nota 2 sigue vigente, intacta, y la Decisión n.º 82/2018 del Alto Tribunal sigue siendo su interpretación oficial. Para un funcionario público de un servicio desconcentrado de esos cuatro ministerios, eso significa que ya no queda ningún fundamento constitucional que impugnar para el periodo 2017-2018. Quien tenga en curso una demanda en la que reclame las diferencias salariales de esos dos años se queda con los argumentos de fondo, pero sin el constitucional.

Para el procedimiento que originó la cuestión, el n.º 4.145/117/2020 del Tribunal de Argeș, Sala de lo civil, la decisión se comunica al órgano judicial y el pleito continúa. La Ley n.º 47/1992 no prevé la suspensión del juicio mientras el Tribunal analiza la excepción, así que en los más de cinco años transcurridos desde el auto de planteamiento, de 26 de marzo de 2021, la causa ha podido juzgarse en paralelo.

Hay un efecto ausente que merece decirse sin rodeos: la desestimación no abre ninguna vía de revisión. El art. 509 apdo. (1) punto 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite revisar una resolución firme solo si, después de que esta haya quedado firme, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el texto que fue objeto de la excepción. Aquí el texto se ha declarado constitucional, de modo que las resoluciones ya dictadas no pueden reabrirse por ese camino.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En la letra de la ley, nada. No se modifica ni una coma de la Ley marco n.º 153/2017. Lo que cambia es el estatuto procesal de una crítica que el sindicato viene paseando por los tribunales desde 2020.

Es la tercera vez que el Tribunal desestima la misma crítica sobre el mismo texto y en la misma interpretación. La primera fue la Decisión n.º 175, de 21 de marzo de 2024, que resolvió de una vez cinco procedimientos, procedentes de los tribunales de Bihor, Ialomița, Neamț, Satu Mare y Prahova. La segunda fue la Decisión n.º 40, de 30 de enero de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 564 de 18 de junio de 2025, que resolvió otros seis, de Covasna, Galați, Harghita, Mureș, Suceava y Vrancea. La tercera es la de ahora, que cierra el duodécimo procedimiento, el de Argeș. Detrás, sobre el art. 38 de la ley, quedan además la Decisión n.º 618, de 5 de octubre de 2021, y la Decisión n.º 519, de 3 de noviembre de 2022.

Cambia también algo que la decisión no dice con todas las letras, pero que se ve poniendo una al lado de la otra las dos resoluciones invocadas. La Decisión del Tribunal Constitucional n.º 794, de 15 de diciembre de 2016, que el sindicato usaba como arma, se refirió al art. 3¹ apdo. (1²) del Decreto-ley de urgencia n.º 57/2015 y estableció que el nivel máximo del salario base con el que se hace la equiparación debe incluir también los incrementos reconocidos por resoluciones judiciales, asunto tratado con detalle asimismo en el caso en que el salario máximo de la institución corresponde también a los policías. La Decisión del Alto Tribunal n.º 82/2018 se refirió a algo muy distinto: no a qué entra en el nivel máximo, sino en qué años se paga un derecho nuevo, introducido por una ley posterior. Dos textos distintos, dos periodos distintos, la misma sensación de injusticia para quien está al otro lado de la ventanilla.

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